El sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis sin precedentes, evidenciada por las largas esperas que deben soportar los pacientes para acceder a medicamentos esenciales. Según un informe de la Fundación Retorno Vital, algunos colombianos han tenido que esperar hasta 250 días para recibir sus tratamientos, especialmente aquellos con enfermedades de alto costo como el cáncer.
El estudio, que analizó más de 2.000 trámites, reveló que las principales barreras reportadas por los pacientes incluyen demoras en la entrega de medicamentos (42%), falta de citas médicas (27%), demoras en autorizaciones (21%) y falta de convenios entre EPS e IPS (7%). Estas cifras reflejan un sistema colapsado que no garantiza el derecho fundamental a la salud.
La Defensoría del Pueblo también ha alertado sobre el agravamiento en el acceso a los servicios de salud, señalando un aumento del 30% en la falta de disponibilidad de medicamentos entre enero y febrero de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior . Además, se reporta el cierre de más de 1.200 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en 2024, afectando especialmente a regiones como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico
Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro ha instado a implementar reformas inmediatas en el sistema de salud, criticando el modelo actual por su enfoque mercantilista y proponiendo un sistema preventivo que priorice el bienestar de la población
La situación es crítica y requiere acciones urgentes para garantizar el acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud en Colombia.
Una señal de alivio parcial: El Ministerio de Salud y Protección Social anunció la destinación de $819.677 millones para cubrir deudas pendientes del año 2022 en el sistema de salud, una obligación que no fue saldada por el gobierno anterior. Esta suma, gestionada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y respaldada por el Ministerio de Hacienda, será desembolsada por la ADRES y busca avanzar en el cumplimiento de los derechos fundamentales en salud, como lo ordenó la Corte Constitucional. El actual gobierno ya había asumido también la deuda del año 2021.
