Opinión – lanoticia.com.co

Año tras año, los gobiernos de turno en Colombia repiten con énfasis que “la educación es la base del desarrollo”, que es “la herramienta para cerrar brechas” y que “sin educación no hay paz”. Pero basta con alejarse unas horas de las principales ciudades para comprobar que esas frases no son más que retórica. En las zonas rurales del país, miles de niños, niñas y adolescentes viven una realidad muy distinta: una educación precaria, intermitente y, muchas veces, inexistente.

Según cifras recientes del Ministerio de Educación, más de 300 mil estudiantes rurales abandonaron el sistema educativo en los últimos tres años. Las razones son múltiples y alarmantes: escuelas sin infraestructura básica, docentes que deben enseñar todos los grados al mismo tiempo, falta de conectividad, inseguridad en los territorios, y un currículo que poco o nada responde a las realidades del campo colombiano.

¿Qué ha hecho el Estado frente a esta crisis estructural? La respuesta, lamentablemente, es muy poco. Los presupuestos para educación rural siguen siendo marginales, y los planes de mejoramiento, cuando existen, se diseñan desde oficinas en Bogotá, con un profundo desconocimiento de las dinámicas locales. El resultado es una política educativa profundamente centralista, que margina al 25% de los estudiantes del país que viven en zonas rurales.

La pandemia del COVID-19 fue un golpe devastador para esta población. Mientras los niños en las ciudades migraron a clases virtuales, en muchos corregimientos y veredas no había ni siquiera electricidad, mucho menos acceso a internet. Años después, la recuperación educativa prometida sigue sin llegar.

No se trata solo de construir aulas o entregar tabletas. La educación rural requiere una reforma estructural, con un enfoque diferencial que incluya formación intercultural, estímulos reales para los maestros rurales, inversión en infraestructura digna, y participación activa de las comunidades. Lo contrario es seguir condenando a millones de niños y jóvenes a un futuro de desigualdad.

Si el actual gobierno realmente cree en el “cambio” que proclama, debe comenzar por saldar esta deuda histórica. De lo contrario, la educación seguirá siendo, para la Colombia rural, una promesa vacía.