Una grave disputa institucional ha estallado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Córdoba, dejando como víctimas a más de 200.000 estudiantes sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.

El Ministerio acusó públicamente a la Gobernación de no haber planeado ni ejecutado adecuadamente los recursos del PAE para la vigencia 2025, a pesar de haber recibido transferencias nacionales por $47.907 millones a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA). Según el Gobierno nacional, esto ha impedido que el programa opere en al menos nueve municipios del departamento.

La respuesta de la Gobernación no se hizo esperar. En un comunicado oficial difundido el 25 de mayo, el gobierno departamental rechazó lo que calificó como “señalamientos y desinformaciones” por parte del Ministerio, y aseguró que ha asumido más del 51% del costo total del programa ($170.591 millones), incluyendo $5.000 millones de recursos propios y $62.986 millones de regalías. No obstante, reconocen que hay un déficit de $17.042 millones para cubrir los 41 días restantes del calendario escolar.

La Gobernación alegó que los tiempos del sistema de regalías –evaluación, viabilización y aprobación de proyectos– escapan a su control directo y están en manos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda y el OCAD regional.

Además, el ente territorial criticó el modelo de financiación actual del PAE, afirmando que el principio de concurrencia ha sido roto, y que la carga financiera recae desproporcionadamente sobre las entidades territoriales. “El programa comenzó este año con 15 días de retraso, y el aporte nacional solo cubre 40 de los 180 días del calendario escolar”, se lee en el documento oficial.

En medio del cruce de acusaciones, los niños y niñas de Córdoba siguen siendo los más afectados. Mientras los gobiernos se enfrentan en un juego de responsabilidades, cientos de miles de estudiantes aún esperan por un plato de comida en sus escuelas.