La situación de seguridad en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en lo corrido del año. Fuentes de inteligencia confirmaron que el grupo armado ilegal Clan del Golfo habría planeado un atentado contra el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, en una escalada de violencia que revive los temidos métodos del narcoterrorismo de los años noventa.

El plan, que incluía el uso de una granada para asesinar al alto oficial, fue desactivado por operativos de inteligencia que permitieron reforzar su esquema de seguridad. La Policía también ha elevado las alertas en varias regiones del país, especialmente en Antioquia, Córdoba, Bolívar y el norte del Chocó, donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte presencia. 

Desde su nombramiento en febrero, el general Triana ha sido blanco de múltiples amenazas. Durante su gestión, al menos 17 uniformados han sido asesinados en acciones atribuidas al denominado “plan pistola”, una estrategia usada por el Clan del Golfo para debilitar la presencia del Estado y sembrar terror entre las fuerzas de seguridad.

“Hoy cae ese man”, fue la frase interceptada por los servicios de inteligencia, que alertó sobre la inminencia del ataque. El presidente Gustavo Petro condenó los hechos y reiteró su compromiso con la política de “paz total”, aunque reconoció que el accionar violento de grupos como el Clan del Golfo representa un desafío mayúsculo para el Estado.

“El país no puede permitir que se repita la historia del sicariato contra la fuerza pública”, afirmó el mandatario desde Casa de Nariño.

A esta ofensiva se suman acciones de otros grupos armados, como el uso de drones cargados con explosivos, ataques con artefactos improvisados y emboscadas, especialmente en el Cauca y en zonas rurales de Cali. La situación ha encendido las alarmas tanto en el Gobierno como en organismos de derechos humanos, que han solicitado garantías para la población civil afectada por el conflicto.