La tranquila población de La Calera, a pocos kilómetros de Bogotá, se ha convertido en el epicentro de una creciente controversia ambiental que enfrenta a sus habitantes con la poderosa multinacional Coca-Cola FEMSA. El motivo: la posible renovación de una concesión que le permitiría a la empresa seguir explotando siete manantiales ubicados en una reserva forestal protegida.
La historia comenzó en 2004, cuando la Alcaldía de La Calera firmó un contrato de concesión con la embotelladora para captar hasta 16 litros por segundo de agua proveniente de fuentes naturales de la vereda Santa Helena. Aunque el contrato expiró en 2019, FEMSA continúa operando bajo una prórroga temporal mientras tramita una nueva concesión por 20 años más, esta vez con la Corporación Autónoma Regional (CAR).
Comunidades alertan sobre impactos ambientales
Organizaciones ambientales, líderes comunitarios y habitantes del municipio han alzado su voz contra lo que consideran una “apropiación indebida de un recurso vital”. Denuncian que el uso industrial del agua está afectando el caudal de quebradas que abastecen a la comunidad y a los ecosistemas de la zona, la cual forma parte de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá.
“Estamos en un momento de crisis hídrica y pretenden darle prioridad al negocio de bebidas azucaradas sobre el derecho humano al agua. Es inaceptable”, afirmó Diana Ramírez, vocera del colectivo ambiental “Agua para La Calera”.
Coca-Cola se defiende, pero sin mostrar estudios recientes
En respuesta, Coca-Cola FEMSA asegura que su operación “cumple con todos los estándares ambientales” y que aporta al desarrollo local a través de empleo y programas sociales. No obstante, hasta ahora no ha hecho públicos los estudios técnicos actualizados que respalden la sostenibilidad de la captación de agua en esta zona.
La CAR, por su parte, ha sido criticada por la falta de transparencia en el proceso de evaluación. Ambientalistas exigen una audiencia pública y una evaluación independiente del impacto hídrico y ecológico.
¿Quién tiene derecho al agua?
El caso ha reabierto un debate nacional sobre el uso de fuentes hídricas por parte del sector privado en zonas de protección ambiental. Expertos advierten que lo que está ocurriendo en La Calera puede sentar un peligroso precedente para otras regiones del país.
“Estamos ante una paradoja: mientras Colombia enfrenta fenómenos de sequía y alteraciones climáticas, seguimos otorgando concesiones a multinacionales sin garantizar el mínimo vital para las comunidades”, explicó Luis Alfonso García, hidrólogo y profesor de la Universidad Nacional.
El conflicto sigue escalando. La próxima audiencia ambiental, prevista para junio, podría marcar el rumbo definitivo del litigio. Por ahora, La Calera se encuentra dividida entre quienes defienden el desarrollo económico y quienes luchan por preservar sus fuentes de vida.
