Una nueva propuesta del Gobierno Nacional ha encendido el debate entre ambientalistas, empresarios y comunidades locales: la posible eliminación del requisito de licencias ambientales para ciertos proyectos de energía renovable.

La medida, que está siendo evaluada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, busca acelerar la transición energética del país, actualmente estancada por una maraña de trámites administrativos.

Según cifras oficiales, más del 50% de las inversiones en energía renovable se encuentran paralizadas, especialmente en proyectos solares y eólicos ubicados en La Guajira, el Cesar y el Valle del Cauca. El Ejecutivo argumenta que simplificar el proceso podría destrabar más de 4.000 millones de dólares en inversiones.

“No se trata de eliminar la regulación ambiental, sino de hacerla más ágil. Colombia necesita avanzar en su transición energética sin que los proyectos se queden en papel”, explicó Irene Vélez, ministra de Minas y Energía.

Alerta ambiental: ¿Desarrollo sin salvaguardas?

La propuesta, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por sectores ambientalistas y comunidades indígenas que temen que, en nombre de las energías limpias, se desmonte uno de los pocos mecanismos de defensa ambiental aún vigentes.

“Eximir licencias es abrir la puerta al extractivismo verde. No toda energía renovable es ambientalmente sostenible si se impone sin consulta previa ni estudios de impacto”, señaló María Fernanda Pinzón, abogada ambiental del colectivo Tierra Libre.

Organizaciones como Greenpeace y Dejusticia advierten que muchos de los proyectos en trámite afectan ecosistemas frágiles, reservas indígenas y territorios ancestrales. En La Guajira, comunidades Wayuu han denunciado que varios parques eólicos en desarrollo no han sido consultados debidamente.

¿Licencia ambiental o licencia social?

El anuncio también ha generado roces dentro del mismo gobierno. Mientras el Ministerio de Minas impulsa la iniciativa como una forma de cumplir los compromisos de descarbonización, técnicos del Ministerio de Ambiente insisten en que la licencia ambiental no puede ser vista como un obstáculo, sino como una garantía mínima de sostenibilidad.

“No hay transición energética justa sin participación ciudadana ni respeto por la biodiversidad”, declaró un funcionario del Ministerio bajo condición de anonimato.

El proyecto de decreto, aún en borrador, deberá pasar por consulta pública. Pero el mensaje es claro: Colombia se enfrenta al reto de acelerar su transformación energética sin sacrificar sus principios ambientales.

Por ahora, la sociedad civil, los gremios empresariales y las comunidades indígenas están en vilo. La pregunta es si el país podrá encontrar un equilibrio entre eficiencia administrativa y protección ambiental, o si se repetirá el viejo error de poner la economía por encima de la naturaleza.